
Desde el 28 de junio de 2025 se aplica la Directiva (UE) 2019/882, que en España recoge la Ley 11/2023. Obliga a hacer accesibles, entre otros servicios a consumidores, el comercio electrónico, la banca y la venta de billetes de transporte. Las microempresas de servicios (menos de 10 personas y hasta 2 millones de euros) quedan excluidas. Una web que solo presenta la empresa no está incluida.
Declaramos el interés: BDR Group hace desarrollo web dentro de sus servicios de estrategia digital. No somos asesores jurídicos: el artículo resume lo que dicen las normas, y su aplicación a un caso concreto debe revisarla un profesional.
¿Qué es la Ley Europea de Accesibilidad y desde cuándo se aplica?
Es la Directiva (UE) 2019/882, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios (DOUE L 151, de 7 de junio de 2019), conocida como European Accessibility Act. Los Estados miembros debían transponerla antes del 28 de junio de 2022 y aplicarla a partir del 28 de junio de 2025. En España la transpone el título I de la Ley 11/2023, de 8 de mayo (BOE núm. 110, de 9 de mayo de 2023), que entró en vigor el 28 de junio de 2025.
La ley tiene dos reglas de transición. Los prestadores pueden seguir hasta el 28 de junio de 2030 con los productos que usaban legalmente antes de esa fecha, y los contratos de servicios firmados antes del 28 de junio de 2025 pueden continuar sin cambios hasta que expiren, con un máximo de cinco años.
Qué servicios afecta
La clave es que la ley no cubre todas las webs: se aplica a una lista de servicios que se prestan a consumidores. El artículo 2.2 de la Ley 11/2023 incluye las comunicaciones electrónicas, el acceso a los servicios audiovisuales, determinados elementos del transporte de viajeros (webs, aplicaciones móviles y billetes electrónicos), los servicios bancarios para consumidores, los libros electrónicos y el comercio electrónico. La ley española añade elementos de los suministros de electricidad, agua y gas, las agencias de viajes y los turoperadores, y las redes sociales.
La Directiva define el comercio electrónico como un servicio prestado a distancia, por web o aplicación móvil, por medios electrónicos y a petición individual de un consumidor, con el fin de celebrar un contrato con él. Aplicado a casos habituales:
| Caso | ¿Afectado? | Por qué |
|---|---|---|
| Web corporativa que solo presenta la empresa | No | No es ninguno de los servicios de la lista |
| Tienda online que vende a consumidores | Sí, si no es microempresa | Comercio electrónico |
| Reserva online de un hotel o venta de forfaits, abonos o entradas | Probablemente sí (lectura nuestra) | Contrato con un consumidor, a distancia |
| Agencia de viajes o turoperador | Sí, en España | Artículo 2.2.h de la Ley 11/2023 |
| Banca online a particulares | Sí | Servicios bancarios para consumidores |
| Servicio solo para empresas (B2B) | No, en principio | La norma habla de servicios a consumidores |
En una plataforma mixta cuenta la parte donde el consumidor contrata (lectura nuestra).
Quién queda fuera: microempresas y carga desproporcionada
Las microempresas que prestan servicios están exentas de cumplir los requisitos de accesibilidad (artículo 3.3 de la Ley 11/2023; artículo 4.5 de la Directiva). Una microempresa es la que tiene menos de 10 personas y un volumen de negocios anual o un balance anual que no supera los 2 millones de euros. La exención afecta a los servicios.
Hay una segunda vía, excepcional: el artículo 16 permite no cumplir un requisito si exigiría una modificación sustancial del servicio o una carga desproporcionada. La empresa debe justificarlo con una evaluación documentada, conservada cinco años, que se renueva si cambia el servicio y, en todo caso, cada cinco años, y debe hacer el servicio lo más accesible posible. Quedan también fuera algunos contenidos: multimedia grabado y documentos ofimáticos publicados antes del 28 de junio de 2025, algunos servicios de mapas, contenidos de terceros que la empresa no controla y archivos que ya no se actualizan (artículo 2.4).
Qué exige a una web: WCAG 2.2 y EN 301 549
Los requisitos del anexo I de la Directiva son funcionales y no citan ninguna versión de las WCAG. La Ley 11/2023 (disposición adicional tercera) pide que las webs incluidas alcancen como mínimo el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, con la norma UNE 139803 como referencia. Además, el prestador debe explicar en las condiciones generales cómo el servicio cumple los requisitos, mantenerlo actualizado y, si detecta un incumplimiento, corregirlo y avisar a las autoridades (artículo 13).
El criterio técnico de referencia es la EN 301 549, la norma europea de accesibilidad para productos y servicios TIC. La versión 4.1.1 (septiembre de 2026) actualiza los capítulos de web, software y documentos a WCAG 2.2 e incluye un anexo que la relaciona con la Directiva 2019/882. Ahora bien, solo da presunción de conformidad cuando se cita en el Diario Oficial de la Unión Europea (artículo 17 de la Ley 11/2023). El centro AccessibleEU de la Comisión Europea indicaba el 7 de septiembre de 2026 que todavía no es la referencia legal y que sigue vigente la V3.2.1, basada en WCAG 2.1 AA. A 25 de octubre de 2026 no hemos localizado su cita en el DOUE.
Las WCAG 2.2 son una recomendación del W3C (versión del 12 de diciembre de 2024). Añaden 9 criterios respecto a la 2.1, eliminan uno (4.1.1, análisis sintáctico) y son compatibles con las versiones anteriores: lo que cumple la 2.2 cumple también la 2.1. Entre los nuevos, en nivel AA, están el tamaño mínimo de los elementos de clic (2.5.8), las alternativas a los gestos de arrastre (2.5.7), el foco no tapado (2.4.11) y la autenticación accesible, sin pruebas cognitivas (3.3.8). A nuestro juicio, apuntar a WCAG 2.2 AA es la decisión segura: cubre lo que exige la referencia actual y lo que viene.
Quién vigila y qué pasa si no se cumple en España
El artículo 27.3 de la Ley 11/2023 deja a las comunidades autónomas la designación de las autoridades de vigilancia; no hemos podido confirmar cuál es en Cataluña. Las personas consumidoras, las asociaciones del sector de la discapacidad y otras entidades con interés legítimo pueden reclamar ante la administración y los tribunales (artículo 29). Las sanciones se rigen por la legislación sectorial y, si no la hay, por el título III del Real Decreto Legislativo 1/2013 (artículo 30). No hemos revisado las cuantías de ese régimen.
Situación en Andorra
Andorra tiene norma: la Ley 24/2025, de 13 de noviembre, de accesibilidad universal, que deroga la ley de 1995. Vincula a cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que actúe en el territorio andorrano (artículo 3). El artículo 26 dice que la sociedad de la información debe ser accesible según el diseño universal, que las entidades públicas y privadas deben garantizar que sus sistemas de comunicación, también la atención telefónica y digital, sean accesibles, y que la información digital debe darse en formatos accesibles y con interfaces usables y comprensibles para personas con discapacidad cognitiva o intelectual.
Falta el detalle técnico. El texto no cita las WCAG ni otro estándar para webs privadas; la disposición final primera obliga al Gobierno a aprobar en un año un reglamento de condiciones de accesibilidad, y hasta que lo haga se aplica el reglamento de 1995. Las sanciones van de 300 a 5.000 euros las leves, de 5.001 a 25.000 las graves y de 25.001 a 50.000 las muy graves (artículos 45 y 48). Antes de abrir un expediente, la administración debe requerir por escrito que se corrija la irregularidad, en un plazo de 10 días a 2 meses (artículo 50.3). La ley entra en vigor el día siguiente a su publicación en el BOPA; no hemos podido localizar el número.
¿Y si una empresa andorrana vende a consumidores de la UE?
Aquí no hay una respuesta cerrada. Andorra no está en la UE y, por tanto, la Ley 11/2023 no la vincula por sí misma. Pero ni la Directiva ni la ley española, en los textos que hemos revisado, hacen una excepción para los prestadores establecidos fuera de la UE: hablan de servicios que se prestan a consumidores, y la ley española prevé informar a las autoridades del Estado donde se presta el servicio (artículo 13.7). No hemos encontrado ninguna aclaración oficial. La prudencia nos lleva a recomendar que una empresa andorrana con tienda online dirigida a consumidores de España o de la UE se plantee que puede estar afectada y lo consulte con un asesor, sobre todo si no es microempresa.
Qué revisar primero
- Navegación completa con teclado y foco visible.
- Contraste del texto y tamaño suficiente de los botones.
- Textos alternativos en las imágenes y subtítulos en los vídeos.
- Etiquetas en los campos de los formularios y mensajes de error comprensibles, sobre todo en el carrito y el pago.
- Inicio de sesión que no exija recordar o transcribir códigos sin alternativa.
- Idioma de la página indicado y estructura de títulos coherente.
- Información de accesibilidad en las condiciones generales y un canal para comunicar problemas.
Qué hacer ahora
- Decide si tu servicio está en la lista: venta a consumidores, reservas, banca, transporte, agencia de viajes.
- Comprueba si eres microempresa (menos de 10 personas y hasta 2 millones de euros de volumen de negocios o de balance).
- Audita tu web o tienda contra WCAG 2.2 AA, empezando por el recorrido de compra.
- Prepara la información de accesibilidad para las condiciones generales y un procedimiento para corregir incidencias.
- Si eres de Andorra, planifícalo ya y sigue el reglamento que debe desarrollar la Ley 24/2025.
Preguntas frecuentes
¿Mi web corporativa sin tienda está afectada?
No lo está, porque solo presenta la empresa. En Andorra, sin embargo, la Ley 24/2025 se aplica a la comunicación digital de las entidades, y una web accesible llega a más gente.
Si tengo menos de 10 personas, ¿estoy exento?
Si además cumples el límite de 2 millones de euros de volumen de negocios o de balance, y eres prestador de servicios, sí (artículo 3.3). Si no, no.
¿Hay que cumplir WCAG 2.1 o 2.2?
La referencia europea vigente todavía es la de WCAG 2.1 AA, pero la nueva versión ya usa la 2.2, que incluye la 2.1. Recomendamos la 2.2.
¿Qué sanciones hay en Andorra?
De 300 a 50.000 euros según la gravedad (artículo 48 de la Ley 24/2025), con un requerimiento previo de corrección.
Fuentes
- Parlamento Europeo y Consejo. Directiva (UE) 2019/882, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, artículos 2, 3, 4, 13, 14, 31 y 32. DOUE L 151, de 7/6/2019. Consulta: 25/10/2026. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80999
- Jefatura del Estado. Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios…, título I. BOE núm. 110, de 9/5/2023, texto consolidado. Consulta: 25/10/2026. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-11022
- Consell General d’Andorra. Ley 24/2025, de 13 de noviembre, de accesibilidad universal (texto en catalán), artículos 3, 26, 45, 48 y 50, disposiciones transitoria primera y final primera. Portal Jurídic d’Andorra. Consulta: 25/10/2026. https://www.portaljuridicandorra.ad/L2025024
- W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, Recomendación del W3C de 12/12/2024. Consulta: 25/10/2026. https://www.w3.org/TR/WCAG22/
- ETSI, CEN y CENELEC. EN 301 549 V4.1.1 (2026-09), Accessibility requirements for ICT products and services. Consulta: 25/10/2026. https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/04.01.01_60/en_301549v040101p.pdf
- Comisión Europea, AccessibleEU. The European accessibility standard EN 301 549 has been updated, 7/9/2026. Consulta: 25/10/2026. https://accessible-eu-centre.ec.europa.eu/content-corner/news/european-accessibility-standard-en-301-549-has-been-updated-2026-09-07_en
- BDR Group. Ficha de Oficina Andorra (estrategia digital: web, posicionamiento y publicidad digital) y página de servicios. Consulta: 25/10/2026. https://bdr.group/es/servicios/
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